Corrupción socialista

Doce funcionarios cubanos, incluidos tres ex viceministros de la Industria Básica, fueron condenados por "cometer delitos asociados a la corrupción durante el proceso de negociación, contratación y ejecución del proyecto de expansión de la planta Pedro Soto Alba, ubicada en Moa, para la extracción, refinación y comercialización de níquel y cobalto", según refleja el diario Granma, órgano oficial del único partido en la isla.

Hace aproximadamente dos años, la ministra de Industria Básica, Yadira García, era sustituida de su cargo por insuficiencias en el desempeño de sus funciones al frente del ministerio. La señora García era una de las protegidas del comandante y su carrera hacia la cúspide del poder fue relampagueante desde su arranque al frente del partido en la provincia de Matanzas.

Aquella estocada a una de los miembros del círculo cercano al comandante puso en alerta a los directivos revolucionario sobre el alcance que tiene el poder de su hermano menor. Fue el primer gran mensaje del heredero Raúl, advirtiendo que la finca tenía un nuevo administrador y solo es él quien decide la suerte de sus capataces.  

Lo insólito del caso es el número de implicados y la cobertura de la prensa nacional cubana, cuando el régimen lo presenta como un fenómeno nuevo, intolerable para la moral de la revolución e incompatible con la supuesta transparencia del gobierno.

Las últimas generaciones de cubanos han crecido escuchando decir que la corrupción es un hábito del capitalismo, cuya práctica inmoral jamás se produciría en el socialismo. Pero solo los incrédulos pueden creer que la corrupción en Cuba es algo nuevo y asociado con las “aperturas” mínimas del país con el mundo.

La descomposición económica en la isla comenzó hace más de medio siglo con la arbitrariedad oficial contra los propietarios de bienes y riquezas, la confiscación sin indemnizar y la apropiación material en nombre del pueblo. Allí surgieron los primeros robos con la fuerza del poder cuando varios funcionarios encargados de la custodia de los recursos nacionalizados se convirtieron de mercaderes de lo ajeno.

La ignorancia extendida en la sociedad cubana pocas veces permite mirar como funciona la dinámica del gobierno. Desde el alto poder se ha decidido, a dedo y sin una sola opinión adversa, la movilización urgente de miles de hombres, mujeres y niños, la ubicación de equipos, maquinarias, alimentos, se designan responsables inexpertos y socios de la jerarquía comunista, se mueven trenes, aviones, barcos y hasta se llegó a crear una base al narcotráfico internacional en territorio nacional.

Detrás de esas operaciones, justificadas para bien del pueblo, siempre ha estado presente una corrupción colosal y una administración incapaz de controlar el uso adecuado de los recursos del país.Lo peor es, que esa putrefacción oficial se ha extendido al ciudadano común, al cubano de a pie, quien sometido a un régimen de restricciones y escasez, justifica como “luchar”, el hurto, el engaño y el pillaje, esparciendo estos hábitos deshonestos como uno de los peores males heredado de la revolución de los hermanos Castro. 

A nadie debería extrañar las penas a los sancionados por desfalcos. Lo que asombra es que los verdaderos corruptos, aquellos que engendraron el mal en la sociedad cubana con su intolerancia y la destrucción economía del país, no estén en el banquillo de los acusados.